Eva Siomara Sosa Pérez llega a UF en el marco del programa de becas “Centro América en Ascenso” para defensores de los derechos humanos, originalmente financiado por USAID y actualmente asumido por la Universidad de Florida. Es una abogada guatemalteca especialista en investigaciones sobre corrupción y delitos de género tales como el feminicidio. Fue fiscal en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala.
Durante la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución de Naciones Unidas creada para ayudar a Guatemala en la lucha contra la impunidad y la corrupción que operó del 2008 al 2019, se llevaron a cabo investigaciones en coordinación con FECI del Ministerio Público. En ellas se develó la corrupción que existía a través de redes criminales instauradas en todos los organismos de Estado. Se presentaron por parte de la FECI y CICIG más de 100 investigaciones todas ellas relacionadas con corrupción en los tres organismos del estado. Sosa trabajó como parte del equipo que integró la FECI en coordinación con la CICIG.
Con el cambio de autoridades en el Ministerio Público en el año 2021, se inició una persecución en contra de quienes habían investigado los casos de corrupción en el marco de la CICIG. Como resultado, Sosa fue acusada, privada de libertad, tuvo que abandonar Guatemala y solicitar asilo político en México. Durante su encarcelamiento se le obligó a compartir espacios con aquellos a quienes ella misma había investigado.
A través de la narrativa en primera persona desarrollada por Sosa, llegamos a entender la manera en que el poder político instrumentalizó al poder judicial y lo usó en contra de quienes habían trabajado en las investigaciones realizadas por la CICIG, en base a las cuales se llevó a enfrentar la justicia a funcionarios públicos de alto nivel. La toma del poder judicial a favor de los actores corruptos permitió que los jueces tergiversaran el derecho penal y aplicaran medidas de coerción extremas en contra de todos los anteriores fiscales tales como la imposición de la prisión preventiva aplicada a hechos que no constituyen delitos y, si lo fueran, permitirían la aplicación de libertad condicional.